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 Cada año, miles de personas extranjeras son privadas de su libertad en las Estaciones Migratorias de México, por el incumplimiento de las disposiciones administrativas migratorias vigentes, para posteriormente ser expulsadas del país. A estas personas extranjeras se les restringen severamente sus derechos fundamentales, como la libertad, el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a solicitar y a recibir asilo, el derecho a la salud y a la educación.
La privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo por razones administrativas es inherentemente violatoria de los derechos humanos, por lo que se debe trabajar para desarrollar alternativas a la detención. La detención sistemática de extranjeros en situación irregular es violatoria del espíritu garantista de la Constitución Mexicana, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Actualmente hay en el país 47 Estaciones Migratorias en operación, localizadas en 23 entidades federativas, aunque también existen otros lugares que son habilitados temporalmente para la privación de la libertad de personas extranjeras en situación irregular. El mayor número de las Estaciones Migratorias se encuentra en los estados del sur del país, especialmente en Chiapas, que cuenta con 10 de ellas. Ello se explica por la política del gobierno mexicano de evitar la internación de las personas migrantes al territorio nacional, así como de reducir el costo de su expulsión a los países de Centroamérica.
En promedio, durante el periodo de 2007 a 2009 se han recluido alrededor de 100 mil personas migrantes cada año, aunque el número se ha reducido desde el pico de detenciones experimentado durante el año de 2005. Cerca de 75 por ciento de la población migrante ha permanecido privada de su libertad en cuatro entidades del sur del país: Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Tres nacionalidades concentran más de 92 por ciento del total de personas migrantes detenidas durante los últimos tres años: Guatemala, con 45.1 por ciento, Honduras, con 32.8 por ciento, y El Salvador, con 14.6 por ciento.
El presente informe incluye un análisis crítico del marco normativo mexicano sobre el cual se sustenta la política de privar a las personas migrantes y solicitantes de asilo de su libertad. Asimismo, presenta las observaciones de campo que pudo realizar Sin Fronteras durante sus visitas a las dos Estaciones Migratorias más importantes del país, en Iztapalapa (Distrito Federal) y Tapachula (estado de Chiapas), mediante las cuales se pudieron documentar diversas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en ellas.
Descargar informe completo abajo.
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