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 Editorial
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Una ocasión para evaluar los avances y retrocesos que la sociedad ha tenido en el respeto a sus derechos humanos. Los esfuerzos institucionales que, a nivel local, ha hecho el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal son claros, en especial, con el impulso a la promulgación de la Ley y su reglamento para el Acceso a una Vida Libre de Violencia del D.F. Una iniciativa que muestra el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de eliminación de la violencia y de la discriminación en contra las mujeres.
Pese al trabajo desde la institucionalidad, México continúa con una alarmante cifra de violencia. Según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, 70 mujeres de cada 100 afirman haber sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. Un alto porcentaje considerando las medidas y campañas que se han realizado para informar sobre este delito y el problema de salud pública que representa.
¿Y qué pasa con las mujeres migrantes y refugiadas en México?. En el 2007, Sin Fronteras realizó una investigación donde constató que las extranjeras pueden estar en alto riesgo de vivir violencia familiar. Ello debido a múltiples factores, especialmente, a que -cuando sus parejas son ciudadanos mexicanos- en su documentación migratoria son catalogadas como “dependientes económicas”. Esto las pone como subalternas frente a sus parejas, sujetas a su autorización para la prórroga de su documentación año con año y les impide trabajar legalmente por cuenta propia. Cuando esta situación de dependencia, migratoria y económica, se combina con prácticas de violencia el resultado es muy preocupante.
En nuestros servicios de atención directa es común recibir a mujeres migrantes víctimas de varios tipos de violencia. Abundan los testimonios sobre chantajes por parte de sus parejas quienes las amenazan con dejarlas en situación migratoria irregular (no firmándoles la constancia de la sobrevivencia del vínculo matrimonial), denunciarlas ante el Instituto Nacional de Migración para su deportación y así quitarles a sus hijos e hijas. El alto grado de temor que algunas mujeres sienten hacia la autoridad y la desinformación no favorece la denuncia formal y, por su carencia de lazos familiares en México por ende de redes de apoyo, los actos de violencia pueden tener graves consecuencias. Valga recordar que la violencia contra las mujeres es considerada una violación a los derechos humanos y por lo tanto es inaceptable.
Sin embargo, la violencia familiar no es el único problema que ellas enfrentan. La pobreza y el desempleo las afectan del mismo modo, así como la falta de acceso a los derechos a la vivienda, la educación y la salud. Pese a ello, también somos testigos de su creatividad y entereza para enfrentar las dificultades y resolver, a cuenta propia, algunos de sus problemas. Lo anterior nos hace pensar en la necesidad de continuar impulsando la realización de cambios estructurales: legislativos, migratorios, sociales y culturales que permitan que no quede en letra muerta las iniciativas, presentes y futuras, de protección hacia las mujeres.
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