Crisis en política migratoria mexicana
*Debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México.
*Violación sistemática de derechos humanos de la población migrante
*La recién promulgada Ley de Migración no brinda mayores garantías a los migrantes en tránsito
* México requiere una política migratoria con perspectiva de derechos humanos y acorde a la normativa internacional
Hoy nos encontramos frente a una crisis institucional sin precedentes y cada día más ostensible del Instituto Nacional de Migración (INM); vemos como se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras de sus derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello, México necesita una política migratoria integral para asegurar la protección de quienes transitan, regresan o salen del país y garantizar sus derechos humanos. No obstante, diversos artículos de la nueva Ley de Migración atentan contra los artículos 1°, 11°, 16°, 17° y 21° de la Carta Magna que hacen referencia a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.
Continúa vinculando a la migración con el tema de la seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria; no desaparece la realización de operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial; los tiempos de detención de las personas migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes de tránsito no cambian de fondo lo que ya existía en la Ley General de Población.
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