El trabajo PRO BONO y la responsabilidad social de los abogados y las abogadas

La pobreza y la falta de acceso a la justicia que trae aparejada, son, sin duda, dos de los más importantes retos que enfrenta nuestro continente. La atención insuficiente y poco efectiva a estos graves problemas mina la confianza social en las instituciones democráticas, así como en las autoridades encargadas de aplicar la ley y de garantizar una convivencia sana, estable, justa e igualitaria. Además, la carencia de servicios jurídicos gratuitos y de calidad para los sectores más vulnerables de la sociedad agrava el estado de injusticia e impunidad imperante.

A pesar de los esfuerzos realizados y los avances logrados, los recursos humanos y materiales del gobierno son escasos y no logran abarcar eficazmente todos los ángulos de una problemática tan compleja. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil se han visto por completo rebasadas, a pesar su importante influencia y labor comprometida.

En estas circunstancias es que resulta indispensable la participación de las y los profesionales del Derecho, para garantizar que la justicia sea un valor asequible, en la práctica, a sectores sociales que por su vulnerabilidad han carecido de una adecuada defensa y han sido injustamente tratados por el Poder Judicial.

En el esfuerzo y en la meta de lograr que haya justicia para todos y para todas, los abogados y las abogadas tienen una posición privilegiada al ser quienes se encuentran en contacto permanente con la labor de la judicatura. Hoy por hoy, la responsabilidad social de los juristas resulta indeclinable, si se toma en consideración que los abogados y las abogadas tienen los medios, la capacidad y la oportunidad de abonar en la defensa de los derechos humanos de grandes sectores sociales que requieren de sus servicios, no sólo de manera urgente, sino, fundamentalmente, de manera comprometida y ética.

Para hacer frente de manera efectiva, eficaz y eficiente a la problemática planteada, la participación de los profesionales del Derecho debe enmarcarse en el trabajo pro bono. Pro bono deviene de la frase latina “pro bono público”, que significa “por el bien público”. De acuerdo con la “Declaración de Trabajo pro bono para el Continente Americano”, pro bono significa “prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que beneficien principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten”.
 
Los y las profesionales del Derecho pueden desarrollar el trabajo pro bono representando o asesorando personas, organizaciones, comunidades, colectivos, universidades y otros actores privados y sociales que realizan litigio y análisis legal, en temas que resultan de gran interés para la sociedad.

Es muy importante no dejar de mencionar que la labor pro bono requiere, para lograr sus cometidos, de la cooperación decidida entre los diversos protagonistas de la actividad jurídica: colegios de abogados y abogadas, despachos o firmas, facultades de Derecho, fundaciones, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

El trabajo pro bono de los abogados y de las abogadas es la expresión práctica de su responsabilidad con la sociedad, con la esencia y el sentido de su profesión. Más allá de las buenas intenciones y dignos deseos, el trabajo pro bono busca y hace justicia, modifica prácticas, conductas y normativas gubernamentales a favor de la sociedad y contribuye al desarrollo progresivo y eficiente del derecho.

Los beneficios del trabajo pro bono también logran proyectarse frente a los y las juristas, quienes tienen la oportunidad de enriquecer su conocimiento social a través de su contacto con problemáticas concretas que afectan a diversos sectores sociales que se encuentran en una posición de desventaja.

Adicionalmente, ofrece a los abogados jóvenes la oportunidad de atender casos con un amplio nivel de involucramiento, crecer y desarrollarse profesionalmente, lo cual sólo tendrían oportunidad de hacer años más tarde, tras ganar experiencia lentamente. En cuanto a los abogados experimentados, les permite atender asuntos paradigmáticos, relevantes y novedosos, en problemáticas cuya resolución repercute estructuralmente en el acceso a la justicia y en la manera de operar del Poder Judicial y de la Administración Pública.

Adjuntos:

DOCUMENTO_PROBONO_2011.pdf

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