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Bajo esta premisa, algunos países tienen una mayor participación en la dinámica migratoria, pero el grado de responsabilidad de éstos en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes es la misma, tanto para con sus connacionales que se encuentran fuera de sus países como para aquellas personas extranjeras que transitan o se encuentran en su propio territorio. Sin embargo, en la práctica, nos enfrentamos claramente con discursos contradictorios, los gobiernos pugnan por el respeto de los derechos de su población en otros países pero aquellos que se encuentran en el suyo no importan, no existen, la cuestión es distinta porque entramos al terreno de la soberanía y la seguridad del país.

Un ejemplo claro de esta situación es Centroamérica y México. México por ejemplo, se ha caracterizado por una fuerte demanda y defensa del respeto de los derechos humanos de aquellas personas migrantes mexicanas que se encuentran, sobre todo, en los Estados Unidos, pero a la fecha ¿qué pasa con las miles de personas migrantes centroamericanas, y de otras nacionalidades, que transitan o se encuentran en nuestro país? La respuesta es que siguen enfrentándose a violaciones cada vez más sangrientas, criminalizantes y discriminatorias.

Pero a su vez, ¿qué pasa con aquellas personas migrantes que transitan o se encuentran por los países de Centroamérica?, ¿se enfrentan a las mismas situaciones que en México?, ¿cuáles son las acciones emprendidas por estos Estados para protegerlos? La realidad es que encontramos respuestas similares al caso mexicano, es decir, padecen de violencia y criminalización, con la diferencia que no es tan visible a nivel regional e internacional.

A la fecha, las acciones realizadas por estos países se enfocan hacia la "protección" de sus connacionales en el exterior, a la creación de mecanismos y acuerdos bilaterales o multilaterales que puedan facilitar su tránsito, a crear programas para la inversión de las remesas que reciben, a programas de repatriación, a esquemas de voto desde el exterior, pero el cumplimiento de sus compromisos de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas migrantes en su territorio, simplemente queda en el discurso, sin aterrizar a los hechos.

Se debe reconocer que no existe una política migratoria "modelo" que pueda seguirse e implementarse en todos estos países, pero si se evidencia la necesidad de desarrollar una política migratoria flexible, acorde a la realidad migratoria de cada estado, que reconozca los estándares internacionales mínimos de derechos humanos, que sea revisada, evaluada y adecuada periódicamente, tal como pasa con los cambios en los flujos migratorios, y, además, ésta debe ser elaborada en base a un diálogo multilateral, regional y multisectorial, que encuentre consensos y buenas prácticas en beneficio de todas las personas migrantes, y que además, reconozca e integre claramente las responsabilidades de los consulados, embajadas y demás instancias creadas para la protección de los connacionales.

En este trabajo, las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol fundamental, compartir la información entre nosotras, brindar asesoría técnica y capacitación, crear redes que permitan potencializar nuestras acciones y no duplicar esfuerzos, tener un frente común que sirva de cimiento para la incidencia y la demanda de que nuestros estados establezcan mecanismos de diálogo eficaces con acciones y resultados concretos.

Karla Meza Meza

Subcoordinadora de Vinculación

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